El Plan Cóndor se movio sin fronteras: una red de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que funcionó entre mediados de la década de 1970 y principios de la de 1980. Este entramado clandestino de inteligencia, detenciones, secuestros y desapariciones cruzó países y dejó heridas que aún reclaman verdad y justicia.
Entre las víctimas de ese entramado transnacional se encuentra Rafaella Fillipazzi, ciudadana ítalo-argentina que, junto a su pareja José Agustín Potenza, fue secuestrada en Montevideo en 1977. Tras su captura, ambos fueron entregados a las fuerzas represivas paraguayas como parte de los intercambios de prisioneros en el marco del Plan Cóndor, y años después, en el 2013, sus restos fueron hallados en Asunción del Paraguay.
Rafaella es la madre de Beatriz García, que en la actualidad vive en Corrientes y tiene hijos y nietos. Beatriz no detuvo su lucha tras la desaparición de su madre: encabezó el pedido de esclarecimiento, se presentó como testigo en los tribunales italianos y, junto a la familia de Potenza, impulsó la causa que tiene ahora un avance histórico.
El 30 de enero pasado se presentaron los fundamentos de la sentencia contra Jorge Néstor Tróccoli, dictada el 21 de octubre de 2025, en un proceso seguido ante la justicia italiana. La magistrada Antonella Capri redactó 231 páginas que no solo confirman la pena de cadena perpetua para Tróccoli, sino que desentrañan cómo funcionó “una pieza concreta del sistema represivo del Cono Sur” y cómo los jueces reconstruyeron ese engranaje de coordinación criminal entre las dictaduras y sus aparatos de inteligencia.
Tróccoli, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay, ya cumplía una condena de prisión perpetua desde 2021 por otros crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor. La reciente sentencia en Roma se sumó a esa pena por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de Rafaella Fillipazzi, Potenza y la activista uruguaya Elena Quinteros.
La causa italiana es parte de un esfuerzo judicial internacional por desentrañar los mecanismos de represión transnacional y dar respuesta a las familias que buscan justicia. El fallo, denso en citas, testimonios y documentos, traza con rigor cómo se entrelazaron fuerzas represivas de distintos países para perseguir, secuestrar, torturar y hacer desaparecer vidas.
La lucha de Beatriz García y de tantos otros y otras sobrevivientes y familiares que nunca se resignaron a la impunidad representa un hito en la memoria colectiva: no solo por lo que significan las condenas, sino por el sentido profundo de verdad que buscan restaurar. En las palabras de quienes sostienen estas causas, el juicio no se agota en la sentencia, sino que es una pieza más en la trama de memoria, verdad y justicia que las sociedades sudamericanas continúan tejiendo.
Este relato —de crueldad y resistencia— subraya que recordar no es un acto pasivo, sino una exigencia constante: contra el olvido, contra la negación, contra los silencios que todavía persisten en torno a los crímenes de Estado y las redes represivas que aterrorizaron a toda latinoamérica.
Foto: Camilo dos Santos. Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio, en Montevideo (archivo, mayo de 2023). Fuente: https://ladiaria.com.uy/
